Cuando pidió información de usuarios vinculados a Wikileaks, la compañía alzó un recurso pero lo perdió y tuvo que facilitarla. El dictamen judicial lo dejaba claro: “transmitieron voluntariamente sus datos a Twitter, renunciando a cualquier expectativa razonable de privacidad”. También se requirió información de quienes tuiteaban desde Occupy Wall Street y Occupy Boston. En el Estado español, ABC publicaba el verano pasado que la Policía investigaba “a quienes realizan convocatorias para tomar las plazas, especialmente a través de Twitter”.
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