El Defensor de la Ciudadanía llevó ante los políticos del Ayuntamiento el caso de una mujer de Palma "con un alto grado de discapacidad física" que tenía que pagar una sanción de 1.500 euros porque su perro no había sido vacunado y mordió a una persona. La señora no tenía dinero para hacerlo, ya que percibe una pensión de sólo 300 euros al mes. Había adquirido este can debido a que le aseguraron que era "muy conveniente para estimular a su hijo", que tiene una deficiencia mental
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