La reestructuración del sistema financiero español ha requerido ya cerca de 220.000 millones de euros, que ha tenido que proporcionar el Estado a las entidades en crisis para evitar su quiebra. La Comisión Europea estima que, de esa cantidad, unos 40.000 millones son prácticamente irrecuperables, lo que equivale a 850 euros por habitante. Pero todavía está por ver que el resto del dinero empleado vuelva algún día al erario público, según fuentes del sector.
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