La Cámara de Hidrocarburos, a la que pertenece Repsol, financia organizaciones xenófobas que amenazan con la secesión con que el Gobierno se enfrenta a una dura campaña de acoso y derribo por parte de la oposición derechista en Bolivia. Jornadas de paro, movilizaciones cada vez más violentas e incluso ataques con bombas se han convertido en la estrategia para detener el proceso de nacionalización de los recursos naturales y la refundación de un país que desde hace siglos arrastra enormes desigualdades sociales.
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