Independientemente de que estemos de acuerdo o no con la decisión de los tribunales españoles de prohibir el referéndum, la clausura de muchos de los espacios de Internet ordenada, se puede objetivamente considerar, en mucho de los casos, una grave violación de la libertad de expresión – y particularmente la libertad de opinión política – protegida por tratados internacionales y por el Artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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