El Consejo de ministros aprobaba un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros. El objetivo, dicen desde el gobierno, paliar la saturación de los juzgados y sufragar la justicia gratuita. La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden civil, contencioso-administrativo y se aplicará también en lo social, en este caso, en recursos de segunda instancia, de súplica o de casación.
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