España, un país que desde la Constitución de 1978 es aconfesional, la jerarquía católica española no solo tiene el privilegio de sus púlpitos y sus parroquias para expandir su doctrina, sino que ha impuesto la exigencia, a través de un acuerdo del final de la dictadura con un Estado extranjero (el Vaticano), para que todo centro público educativo se vea obligado a impartir su adoctrinamiento religioso mediante la oferta obligada de la asignatura de religión en todas las etapas escolares.
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