La asignación del cannabis al grupo B significa en la práctica que cualquier persona a la que la policía encuentre en posesión de esa droga se expone a cinco años de cárcel y a una multa ilimitada en lugar de una simple amonestación y confiscación de la substancia como ocurre ahora. El consejo asesor del Gobierno, que en el 2006 rechazó un intento de reclasificar la droga, ha tenido en cuenta para llegar a esa conclusión la actitud del público hacia el cannabis y las pruebas aportadas sobre los daños para la salud.
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