Hasta la reforma de Aznar de 1998, los templos no podían ser inscritos pero los obispos registraron a su nombre todo el tesoro mudéjar de Zaragoza, algunas joyas del prerrománico asturiano y centenares de edificios históricos por toda la geografía española. Los registradores de la propiedad miraron para otro lado y en 2001, tras un grave incidente por la negativa de uno de ellos, el Gobierno del PP legalizó con carácter retroactivo su inscripción.
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