En el Palacio de la Zarzuela deberían guardar el champán; no tienen muchos motivos para brindar. Aunque parezca lo contrario, la decisión que ayer tomó la Audiencia Provincial de Palma es una pésima noticia para la infanta, para su esposo y para toda la familia real. No solo porque estemos ante la demostración empírica de que no todos somos iguales ante la ley: no se conoce ningún otro imputado que cuente con la ayuda de la Fiscalía, de la abogacía del Estado y hasta del ministro de Exteriores.
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