La reforma de las pensiones pactada el jueves por el Gobierno y los agentes sociales deja claras víctimas, salva a varios colectivos y aportará algunas ventajas a otros. Su contenido recoge cláusulas cuya influencia va más allá de la que parece desprenderse a primera vista de su redacción literal. El ejemplo más significativo es el de la jubilación voluntaria a partir de los 63 años -cuatro antes de los 67 estipulados para el futuro- con importantes penalizaciones, que podrá extenderse a los funcionarios.
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