El Estado no es punible penalmente y los partidos políticos, sindicatos, administraciones públicas y sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, tampoco. Por eso la reforma del Código Penal que aprobará mañana, 29 de abril, el pleno del Congreso, les deja al margen de la sanción penal por corrupción que establece para las “personas jurídicas” privadas.
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