El Tribunal de Cuentas ha desestimado los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada con fecha de 11 de octubre de 2011 por la que se condenaba a los exdelegados del Estado del PP en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna a pagar la cantidad de 4.321.639,18 euros por "irregularidades" cometidas cuando estaban al frente del Consorcio, al considerar el Tribunal que son "responsables contables directos" del perjuicio causado a los caudales públicos.
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