Pese a la mediática sentencia del Tribunal Supremo de 2008 que en su día fue anunciada como “El Tribunal Supremo avala los rastreos P2P“, la realidad es que los rastreos P2P se han realizado siempre sin control judicial y con herramientas no homologadas. Tanto es así que macro operaciones como Carrusel o Ruleta, se iniciaron con las IP públicas ofrecidas por la policía brasileña, con un rastreo P2P realizado desde fuera de España. De la IP pública al registro domiciliario internacional, sin mediar ningún tipo de investigación adicional.
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