Fue acusada por un desconocido de un delito de falsificación de documento público, penado con entre tres y seis años de cárcel, después de multar a un alto cargo y denunciar al jefe de la Policía Municipal. A raíz de esa multa -que nunca se pagó- la agente llegó a estar imputada por un presunto delito de falsedad documental, penado con entre tres y seis años de cárcel. Finalmente, la causa fue archivada y el fiscal ni siquiera le interrogó, pero el o los responsables de haber intentado encarcelarla siguen sin salir a la luz.
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