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“Estamos reivindicando la inacción de la Fiscalía con las más de 300 querellas que se han presentado desde mayo de 2020. Se están cerrando sin abrir investigación diciendo que no hay delitos, cuando tenemos pruebas de que existió un protocolo de exclusión en función de las características físicas y el grado de dependencia”. Lo ha reconocido el propio señor Reyero”, expresa Valero, en alusión al que en aquel momento fue consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, quien reconoció la existencia de estos protocolos.
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