El consejero de Interior, Felip Puig, se ha fijado como prioridad luchar contra la violencia callejera con todas las herramientas posibles. Este martes propuso restringir el derecho de reunión y de seguridad ciudadana, regulados por leyes orgánicas, para que se aborde “la problemática de la ocultación de identidad” y la “posesión de materiales peligrosos en concentraciones”. Algo que criticaron todos los partidos políticos, excepto el PP.
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