El 1 de febrero de 1983, el obispo de Cádiz se dirigió al registro de la propiedad privada e inscribió a su nombre los 4.200 metros cuadrados del cementerio. El entonces prelado, Antonio Dorado Soto, inmatriculó la finca sin informar a las dos administraciones titulares del monte público y lo hizo en virtud del artículo 206 de la franquista Ley Hipotecaria de 1946, que permitía a los funcionarios inscribir bienes por una vía especial y sin publicidad a terceros.
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