El anuncio por parte del Gobierno de Albert Fabra del cierre de Canal 9, la televisión autonómica valenciana, confirma lo que ya sabíamos: el saqueo de lo público por parte del poder político no tiene límites. Aumentaron la plantilla de la cadena de manera irracional, para colocar a trabajadores de su cuerda y periodistas afines. Crearon unas infraestructuras desproporcionadas, irreales, que les permitieron hacer jugosos negocios privados y endeudarse hasta las cejas.
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