Los socialistas alegan que no podrán ser candidatos los imputados por corruptelas destinadas al enriquecimiento propio.Es decir, que si un alcalde enriquece a un constructor, quedará en manos de la Comisión Federal de Listas, última responsable para decidir si hubo "mala fe". En el PP declaran que "se va a permitir que vayan imputados de todo tipo, aunque a día de hoy no hay ninguno que lo esté por enriquecimiento personal". Según sus cuentas, de unos 30.000 candidatos no hay más de 30 imputados.
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