En éste, como en otros asuntos que afectan a la ética social, es preferible atender el problema que plantearse la posibilidad de erradicarlo o continuar haciendo como si no estuviera pasando. La prostitución existe y el Estado sólo puede tratar de impedir que su ejercicio atropelle los derechos humanos. La legislación española no considera la prostitución un delito, aunque se ejerza por cuenta ajena (es decir, para lucro de un chulo).
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