La orden enviada a los colegios cita dos objetivos para los que el uso “razonable” de la fuerza queda justificado: cuando hay que “controlar” a los alumnos (para que se mantengan en fila, para impedirles el paso, para conducirles a un lugar…) y cuando se trata de “contener”, de pasar a la acción porque el alumno hace caso omiso de lo que se le ordena (no deja de pelearse, continúa destrozando material…).
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