Las familias de 17 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, del que el próximo domingo se cumple el décimo aniversario, han recibido en los dos últimos meses cartas y notificaciones de su procuradora, Arantxa Novoa Mínguez, en las que solicita cobrar entre 50.000 y 80.000 euros por cliente por los gastos de representación, en total alrededor de un millón de euros. Esta cifra, “desorbitada” para las víctimas, supera el máximo legal que puede percibir un procurador en un proceso de estas características
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