Antonio Vercher ha solicitado al ministerio de justicia que en el Código Penal se introduzca un apartado contra la malversación: “La autoridad o funcionario que diere al suelo… destinados a satisfacer fines de primera necesidad o relacionados con la sostenibilidad, una aplicación distinta a la que le corresponda, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”. Me gustaría decirle, Sr. Vercher cuanto le apoyo en su iniciativa.
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