Algunos de los nombres más conocidos de los principales casos de corrupción que se investigan en los tribunales se beneficiaron en su momento de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el año 2012 y que acaba de anular el Tribunal Constitucional, que califica la medida de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".
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