Las irregularidades en los nombramientos de directores en el Beatriz Galindo y otros institutos públicos madrileños podrían constituir delito de prevaricación. En ningún texto legal vigente se da cobertura a estas situaciones y las plazas de equipos directivos deberían haber salido a concurso público en este curso. La
purga se produce tras una intensa movilización en el sector docente apoyada por la asociación mayoritaria de directores (ADIMAD).
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