El pasado 6 de noviembre, un preso interpuso demanda ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, recurriendo la decisión de los tribunales españoles; en concreto, la Sentencia del Tribunal Constitucional que consideró que el hecho de que los presos enfermos o ancianos y sin recursos paguen por comer en prisión, no viola los derechos fundamentales.
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