La expulsión del grupo popular de los diez diputados bajo sospecha —siete imputados y otros tres en puertas, después de que dos jueces lo hayan solicitado al TSJ valenciano— no sólo acarrearía un problema político al PPCV, ya que perdería la mayoría absoluta en las Corts, sino también de índole económico. Los populares se verían privados de un buen bocado en las subvenciones. Nada menos que 190.621 euros anuales dejaría de ingresar la formación popular como consecuencia de una eventual expulsión de sus diputados.
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