El Partido Popular pagó el 21 de diciembre de 2009 una factura de 69.600 euros al "Estudio Jurídico Labor" en concepto de "coordinación de defensas". Sus administradores son dos hijos del responsable de Justicia e Interior del PP y ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa. Un portavoz del PP niega haber pagado por el asesoramiento a los militares acusados en el caso Yak-42, pero sí por asesorar contra el Estatut de Cataluña o en "la trama Gürtel" (curioso pues el partido dice que se presenta como acusación, no en defensa)
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