Se pretende reducir el peso de los servicios públicos en el PIB estatal, que ahora está en el 45%. El PP se inclina por reducir el porcentaje "el 50% o el 35%". La reforma será “dolorosa” a corto plazo, precisamente por sus efectos inmediatos en la destrucción de empleo, aunque confían en que a medio plazo se producirá un trasvase de riqueza al sector privado, lo que volverá a generar puestos de trabajo. La idea es desmantelar parte de la estructura de la Administración y de las empresas públicas del gobierno Zapatero.
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