La Alianza Popular fundada por Manuel Fraga se opuso a la ley de 1985, que legalizaba la interrupción del embarazo en algunos supuestos, a la que ahora se agarran los conservadores frente a la reforma que lo despenalizó en 2010 y cuya contrarreforma inconclusa se llevó por delante la carrera de Gallardón a la espera del Constitucional.
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