El Parlamento se prepara para agravar las sanciones a los políticos que no declaran sus ingresos. Además del agravamiento de las sanciones, el objetivo también es ampliar el número de cubiertas a las obligaciones declarativas.El rechazo de la presentación y de la actualización de la declaración de ingresos y de patrimonio por parte de estos titulares de cargos públicos será un crimen de desobediencia calificada punible hasta tres años de prisión, además de la pérdida de mandato o de la destitución del cargo ya prevista en la actual legislación,
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