El Partido Popular utilizó supuestamente un sistema de empresas tapadera, creadas por dirigentes o empleados, con el objetivo de facturar por falsos servicios y derivar los pagos al partido. Esta red de sociedades, constituida entre 1979 y 1993, muchos años antes de que estallara la presunta financiación ilegal del PP con el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, estaba formada por al menos siete empresas. Los hechos se produjeron cuando las finanzas de la formación conservadora no estaban bajo el control de los extesoreros ahora imputados.
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