El gigante asiático podría haber ejecutado a cerca de 50.000 personas desde que el Comité Olímpico Internacional (COI) le concedió en 2001 la organización de los Juegos, según los cálculos de académicos chinos y organizaciones de los Derechos Humanos. Pero no hay en todo el país -y probablemente tampoco en el mundo- ningún lugar que haya sufrido las consecuencias de la pena capital como los habitantes de las aldeas de la región de Banlao, junto a la frontera birmana.
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