Según la legislación actual, sólo se puede practicar un aborto cuando se diagnostica al niño una deficiencia o enfermedad grave, cuando la madre tiene un problema de salud o cuando el embarazo se ha producido como resultado de “un acto ilícito”. Tras esta primera admisión a trámite, el esfuerzo estriba en derribar las tres excepciones a la penalización legal del aborto.
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