Son los encargados de decidir sobre los designios de la educación pública y de cómo se reparten los presupuestos para gestionarla. Sin embargo, los políticos no se queman las manos. Los altos cargos públicos apuestan en su mayoría por la enseñanza privada, y a la hora de llevar su descendencia al cole, pocos la inscriben en la pública, desechando así la supuesta calidad que pregonan.
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