Bueno, pues esta forma de proceder parece que se ha instalado en políticos con poder. Y lo grave no es que mientan, sino que al descubrirse su mentira no ocurre nada –quizá alguna crítica— que les haga pagar por su actitud. Es como si en la Constitución, esa que tanto defienden a capa y espada, les permitiera mentir impunemente y se acogieran a ese derecho. Mientras una mentira en otros países puede hacer dimitir al mentiroso, en España parece que da empaque y que no daña a quien la practica.
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