La asociación pro derechos humanos Prodein recriminó ante la Justicia el incumplimiento de la legislación en el mes de enero y la denuncia provocó una serie de reacciones en cadena. La Policía admitió que cumplía órdenes. Las Delegaciones de Gobierno de las ciudades autónomas reconocieron la existencia de una orden ministerial. El Defensor del Pueblo ha denunciado la situación y exige al Gobierno que deponga su actitud. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado tramita treinta reclamaciones al respecto.
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