La policía encontró en los registros realizados en el domicilio y en el despacho de Josep Maria Felip, que era director general de Cooperación y está imputado como presunto autor de varios delitos, un listado elaborado por el ex alto cargo en el que señalaba que las ONG “problemáticas” —como él mismo las definía— habían recibido adjudicaciones por un total de 12 millones de euros ente 2008 y 2011.
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