La identificación por parte del Gobierno de los 35.000 inmuebles que la Iglesia Católica habría inmatriculado a su nombre entre 1998 y 2015 comienza a tener repercusiones políticas. Unidas Podemos ha instado hoy a “recuperar para el dominio público los bienes” que la congregación apuntó a su nombre en los registros de la propiedad en virtud de la potestad que le daba la ley hipotecaria aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar.
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