El Real Decreto-Ley, aprobado el pasado viernes por el Gobierno, contempla que los empresarios podrán voluntariamente regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren ocupados por los mismos de manera irregular y podrán acogerse a cualquier modalidad de contratación, si bien el contrato no podrá ser inferior a seis meses. Pasado este 'periodo de gracia', que concluye el próximo 31 de julio, se endurecen las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.
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