El Gobierno ha lanzado un paquete de medidas económicas para paliar el pago del alquiler a los más perjudicados por la crisis del coronavirus que obliga a los grandes fondos tenedores de pisos en renta a renegociar el pago con sus inquilinos o reducirlo un 50% por un máximo de cuatro meses. Esto abre la puerta a que la mayor parte de las sociedades afectadas lancen una avalancha de demandas por no haberse estipulado siquiera la opción de que a recibir la indemnización a la que tienen derecho, según el artículo 33 de la Constitución.
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