No son hijos maltratados ni víctimas de abusos. Sin embargo, son arrancados de sus hogares porque la Administración entiende que están en riesgo al solicitar sus padres ayuda a los servicios sociales, normalmente por motivos económicos. Mientras, los centros de menores reciben de las comunidades autónomas unos 4.000 euros al mes por cada niño.
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