Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea -este último impulsor de la querella a raíz de la cual se ha conocido el cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo de más de 200.000 dólares durante su estancia académica en Estados Unidos- solicitan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspensión cautelar del magistrado mientras se tramita la investigación de los hechos por parte de este órgano.Consideran que la medida está justificada porque el juez podría haber cometido tres faltas de carácter muy graves.
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