El mioflex era inyectado a perros y gatos recogidos, provocándoles una muerte lenta y agónica por asfixia a los animales. Su supuesta utilización indiscriminada se denunció en junio de 2007 y llevó a la apertura del procedimiento penal por un delito de maltrato animal en el que ya figuran siete imputados: el dueño de la perrera, la directora, el veterinario titular, el antiguo veterinario y tres trabajadores.
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