El tiempo corre en contra de los inquilinos de viviendas sociales en Madrid. El 8 de agosto pasado, la Comunidad de Madrid vendió al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora 2.939 viviendas protegidas por 201 millones de euros. Dinero contante y sonante para cuadrar las cuentas autonómicas. Se deshacía así de 32 promociones del Instituto de la Vivienda (IVIMA) que pertenecían al Plan de Vivienda Joven en alquiler (la mayoría con opción a compra). Pero, al vender las casas, también se desprendió de sus habitantes, que ahora lidian con la empresa.
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