La defensa de Javitxu aportó grabaciones de cámaras de seguridad para demostrar su inocencia. Sin embargo, estas pruebas no se admitieron, argumentando que carecían de la necesaria nitidez para identificar a los acusados. La condena se basó exclusivamente en los testimonios de los policías involucrados y aplicó delitos modificados por la reforma del Código Penal de 2015, criticada por Naciones Unidas y Amnistía Internacional por su impacto en el derecho a la protesta..
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