Este entramado político regional, supone una verdadera sangría de dinero para las arcas públicas en las 17 comunidades autónomas españolas. El presupuesto de los parlamentos autónomos para este ejercicio se eleva hasta los 432 millones de euros, una cifra que equivale, nada más y nada menos, que al salario mínimo interprofesional de casi 60.000 empleados al año. El parlamento catalán es el más caro de todas las comunidades: cuesta 77 millones.
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