En septiembre del pasado año, la inspección de Consumo se acercó por las instalaciones de Xoán XXIII y comprobó ese dato en el justificante. Inmediatamente levantó acta del mismo e inició un expediente sancionador contra Tussa por infracción grave al conculcar supuestamente la legalidad con esa «cláusula abusiva». La gravedad viene dada, según el instituto, porque no considera que haya ignorancia de Tussa sino «desprezo» al cumplimiento de las normas de protección del consumidor, «o que equivale ó dolo».
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