El último ha venido de la mano de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la cual obligará a los agregadores de contenidos en internet a pasar por la infame caja de las entidades de gestión de derechos –tipo Cedro o Sgae– para repartir la mordida entre los generadores de contenidos. O por expresarlo de un modo más clarificador: el gobierno, valiéndose de un lobista grupo de publicanos privatizados, esquilmará a Google por tener éxito para así sanear a los deficitarios medios de comunicación tradicionales por no tenerlo.
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